“Cangrejos debajo de las piedras”: FA apunta a compra millonaria de Interior tras balotaje

La diputada frenteamplista Julieta Sierra informó este martes que inició un pedido de informe acerca de una compra directa del Ministerio del Interior dos días después de que Yamandú Orsi ganara el balotaje contra Álvaro Delgado en noviembre.

“Inicié un pedido de informe solicitando respuestas oficiales respecto a la compra directa del Ministerio del Interior, por el valor de 33 millones de dólares, a dos días de que el Partido Nacional perdiera las elecciones. La ciudadanía merece saber cómo se utilizan sus recursos”, escribió en la red social X.

El caso fue reportado por el periodista Eduardo Preve, quien aseguró que Nicolás Martinelli, ministro del Interior al final del gobierno de Luis Lacalle Pou, “realizó una compra directa (sin licitación) por 33 millones de dólares el día después de perder el balotaje el Partido Nacional.

Sierra compartió el documento referido al presidente de la Cámara baja, Sebastián Valdomir, con las siguientes interrogantes: “¿Por qué se resolvió utilizar el mecanismo de contratación de compra directa? ¿Existieron otros oferentes además de la empresa adjudicataria? ¿Qué cotizaciones se solicitaron por las 5.300 cámaras? ¿A qué empresas? ¿A nombre de quién se introducen las cámaras a Uruguay? ¿A nombre de quién se arriendan? Cámaras de empresas oferentes (en caso de que existieran), ¿tenían IA [inteligencia artificial]? ¿Considera que esta compra compromete al próximo presupuesto? ¿Quedó registrado por la gestión anterior? ¿El ministerio actual tiene ya destino para las cámaras? ¿Consideran que se comprometió en la gestión anterior recursos y tecnologías que debían decidirse en esta istración?”.

Daniel Caggiani, senador del Frente Amplio (FA), se refirió al pedido de informe de Sierra y escribió en X: “Siguen apareciendo cangrejos debajo de las piedras. Esperamos respuestas acerca de esta compra y los procedimientos utilizados”.

“No solo nos dejaron con una deuda de 33 millones de dólares por el arrendamiento durante 60 meses de 5.300 cámaras de videovigilancia que se deberán pagar en esta istración, sino que además una de las 2 empresas que trabajaba en exclusividad con el MI [Ministerio del Interior] decidió impugnar la adjudicación por entender que se vio desfavorecida, denunciando que no se compitió en igualdad de condiciones con la empresa elegida”, agregó.