La organización de derechos humanos Amnistía Internacional publicó su Informe Anual Internacional 2024/25, que cuenta con un capítulo ampliado dedicado a la situación de los derechos humanos en Uruguay y habla de “retrocesos que requieren atención inmediata”.

“Esta edición cobra especial relevancia porque se presenta a 40 años del retorno de la democracia, coincidiendo con los 40 años ininterrumpidos de presencia de Amnistía Internacional en Uruguay”, destaca AIU.
En esta edición, el documento dedicado al país lleva el título: “¿Está Uruguay llegando a un punto de no retorno?”

Ante esta pregunta, el informe destaca “signos persistentes de debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país”.

Amnistía plantea entre los principales focos de preocupación “el colapso del sistema penitenciario, con cifras récord de encarcelamiento y condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales; la persistencia de la violencia de género; la vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, incluidos embarazos infantiles, y la falta de una política clara en memoria, verdad y justicia por crímenes del pasado reciente”.

A esto suma “una preocupante opacidad en el a la información pública, que afecta directamente la transparencia y las posibilidades de control ciudadano y un retroceso en la postura internacional histórica del país en conflictos armados como en el caso de la Franja de Gaza”.

Entre las cifras recabadas por la organización está la duplicación de agresiones y amenazas a periodistas en comparación con 2023 (13 episodios documentados), la tasa de prisionización más alta del Cono Sur (Uruguay tiene 449 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes), los niños en cárceles (70 niñas y niños viven en cárceles junto a sus madres privadas de libertad), los femicidios (19 en 2014) y denuncias por violencia de género (35.000 en el año), la explotación sexual infantil (que en 2024 aumentó en un 24%, con 346 situaciones reportadas), entre otras.

“Al igual que en los informes anuales 2021, 2022 y 2023, durante 2024 Amnistía Internacional continúa manifestando su preocupación por el estado de situación de los derechos humanos en el país”, plantea el documento en sus conclusiones.

Tras esto indica que “se han detallado año tras año claros signos de debilitamiento del sistema de garantías de derechos, que han generado un deterioro en el ejercicio de distintos derechos, fundamentalmente aquellos que refieren a garantizar una vida digna libre de violencia, especialmente, la violencia sexual”.

Entonces, recapitula que “el año electoral” permitió “recordar al sistema político la necesidad de que se involucren y se responsabilicen por el debilitamiento causado, y buscar compromisos más robustos para con la población del país”.

“En definitiva, es el sistema político el que, en un Estado de derecho, debe generar las condiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en Uruguay”, expresa, aunque matiza que “es el Estado el que debe proteger y fortalecer el sistema de garantías de derechos”.

En concreto, marca que “uno de los signos de mayor debilitamiento” de los derechos en Uruguay “es, sin dudas, la opacidad que ha alcanzado el Estado al momento de cumplir con las obligaciones en materia de transparencia pasiva y de garantizar el pleno al derecho a la información pública de sus habitantes”.

En ese punto, el informe recuerda que “para Amnistía Internacional resultó por demás complejo poder acceder a información de calidad, actualizada y desagregada, sobre la implementación de políticas públicas en materia de derechos humanos”.

“Es necesario que, ante un nuevo gobierno que asume, se reafirme el compromiso para fortalecer la institucionalidad del ente rector que ampara y vigila el cumplimiento del derecho a la información pública en Uruguay”, indica.

A continuación, habla de que “la situación del sistema penitenciario continúa siendo crítica y no se vislumbran acciones ni medidas que resulten efectivas para garantizar el a una rehabilitación plena de las personas privadas de libertad”.

También desarrolla que “la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes ha aumentado y se han identificado situaciones graves de vulneraciones en adolescentes institucionalizadas que se encuentran bajo la tutela del Estado”.

“Estos hechos no pueden pasar inadvertidos, por lo que deben plantearse acciones concretas que permitan a las niñas y adolescentes vivir una vida digna libre de violencia”, apunta.

Amnistía considera que “la violencia hacia las mujeres por cuestiones de género permanece siendo un problema, lo que convierte a Uruguay en un país hostil para que las mujeres puedan cumplir con su proyecto de vida”.

“La impunidad por los crímenes cometidos en el pasado reciente permanece estructural. Por más que ha habido algunos avances y se ha producido el hallazgo de restos de personas detenidas desaparecidas durante el terrorismo de Estado, Uruguay no cuenta con una política sólida en materia de memoria, verdad y justicia”, cuestiona.

Para AIU, “de no avanzar en la concreción de estos estándares, resultará difícil brindar plenas garantías de no repetición”.

“Es urgente que el Estado uruguayo reafirme su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos en el territorio y fortalezca el sistema de garantías de derechos. Si bien se identifican medidas y acciones que van en esa dirección, aún hay colectivos y grupos poblacionales que ven constantemente sus derechos vulnerados. Esta situación amerita acciones urgentes y compromisos de Estado efectivos y concretos”, concluye.