Una curiosa situación pudo verse (y escucharse) en los últimos días en Punta Carretas. Un pequeño vehículo eléctrico circula por las calles con una publicidad radial contra los directores de Conexión Ganadera y sus familias.
“¿Sabían que entre ustedes hay familias de ladrones?”, advierte la publicidad radial, que acusa a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Daniela Cabral (esposa de Gustavo Basso) y sus hijas de haberse robado “los ahorros de 4.300 familias a través de Conexión Ganadera.
“Vecino, esté atento para que no le falte nada a usted”, dice la publicidad, que tiene un jingle sugerente: “Hasta que paguen todo aquí no hay perdón”.
El déficit patrimonial de Conexión Ganadera, que afectó a más de 4.000 inversores, causó polémica en el mundo de los agronegocios.
Desde febrero de este 2024, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, lleva adelante la causa penal de la empresa que dirigían Carrasco y Gustavo Basso, así como la investigación de República Ganadera —que a fines de noviembre de 2024 comunicó mediante una carta dirigida a sus inversores y acreedores que se presentaría a concurso de acreedores debido a su situación financiera crítica—.
Como parte de la investigación de Conexión Ganadera, Rodríguez pidió el cierre de fronteras para Carrasco, su esposa, Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda de Basso. Los tres investigados son los principales socios de la empresa que tiene un embargo de US$ 250 millones.
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