Uno de los temas centrales que el gobierno deberá abordar en el corto plazo para dar una solución es el tratamiento legislativo de la ley de salvataje de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU). El tema, si bien todavía no comenzó su análisis parlamentario, ya genera debate.

Al tiempo que el presidente Yamandú Orsi defendió la propuesta del gobierno y remarcó varias veces la urgencia para aprobarlo, algunos colectivos de profesionales formulan reclamos, y desde la oposición plantean los primeros cambios.

En diálogo con Montevideo Portal, el exministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, remarcó que el proyecto sobre este tema tratado en el período anterior —y que no fue votado— planteaba una salida “parecida”, aunque ahora “las soluciones son más duras” para los profesionales debido al tiempo transcurrido.

De todos modos, Mieres opinó que se debe analizar si es posible “una solución menos gravosa para activos y jubilados”, aunque apuntó que desde su partido son “responsables” y “consistentes” en el objetivo de “alcanzar una ley”.

“A diferencia de lo que dijo en su momento el senador Daniel Caggiani, ellos no heredaron el problema de la caja, sino que, al contrario: nosotros en 2020 nos encontramos con una caja que venía con problemas. Y, a diferencia de lo que hicieron los gobiernos anteriores del Frente Amplio, trabajamos para salvarla y elaboramos un proyecto de ley presentado en 2023. Y, si hubiera contado con los votos del Frente Amplio, hubiéramos generado una solución, que por otra parte es muy parecida a la que se presenta ahora, nada más que más grave—, porque pasaron dos años más. Entonces, las soluciones son más duras para los profesionales de lo que hubieran sido en el proyecto anterior”, planteó el exministro.

“Esto es de un saque y un salto muy grande. Supongo que estas cosas se deberán a la prórroga de la decisión. Si el FA hubiera votado en 2023, este no era un tema. Y se podría haber hecho una solución un poco más gradual, porque el deterioro de la caja era menos pronunciado. Ahora estamos a cuatro meses de que la caja no pueda pagar”, completó.

Pese a sus señalamientos sobre el Frente Amplio, Mieres apuntó que el “problema de fondo” es la istración de la caja. Y, por tanto, señaló que quienes istraron la institución y ahora critican las posibles salidas, “no asumen la responsabilidad” de haber ido generando la situación actual.

Desde el Poder Ejecutivo, distintos integrantes del gabinete han remarcado la urgencia que requiere la aprobación del texto. En una rueda de prensa realizada el lunes 14 de abril, el presidente Yamandú Orsi dijo que el anteproyecto de ley del gobierno es una propuesta “estudiada y analizada” en busca de “poder salvar algo que ya en junio la previsión marcaba que había cosas que no se podían pagar”. “Ya urgentemente hay que presentar una propuesta y esta es la propuesta que nosotros hacemos”, remarcó.

Por su parte, el diputado colorado Adrián Juri envió una nota al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Otero, para plantearle que el cuerpo legislativo “trabaje de forma permanente a partir del próximo martes 22 de abril de forma extraordinaria, reuniéndose diariamente con el objetivo de escuchar a todas las partes involucradas”.

Juri señaló a Montevideo Portal que su pedido está centrado en poder escuchar en el Parlamento todas las voces de los involucrados antes de agosto —mes en el que se anuncia que la caja no podría hacer más frente a los pagos—, aunque precisó que todavía no está definido qué cámara tratará primero el proyecto. Sin embargo, agregó, una posibilidad es conformar una comisión bicameral para analizarlo.

“Es imprescindible resaltar que el actual gobierno, en numerosas ocasiones, ha subrayado su compromiso con el diálogo social, tanto en campaña como en el ejercicio del gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, no se ha convocado ni a la CJPPU ni a las organizaciones profesionales, lo que representa una omisión significativa. Por ello, considero fundamental que este proceso legislativo refleje la premisa del diálogo social, asegurando un debate amplio y participativo que permita recoger todas las voces”, afirmó en la carta que dirigió a Otero, diputado del MPP.

El dirigente colorado afirmó que ya tiene en mente algunas propuestas de modificación al articulado. Según sostuvo, uno de los planteos “interesantes” que recibió en los últimos días de parte de colectivos de afiliados consiste en integrar como activos a profesionales que en la actualidad aportan al Banco de Previsión Social (BPS).

Juri valoró que esto podría ser una herramienta para sumar más cantidad de activos, y de este modo lograr que la entidad no sea deficitaria.

“Un ejemplo claro pueden ser los abogados y escribanos contratos en el Estado. ¿Cuántos hay que aportan al BPS y no aportan a la Caja de Profesionales? Porque son dependientes y se declaran inactivos en la caja. Entonces tienen sus aportes jubilatorios por el BPS. Pero, en realidad, si todos los profesionales terminan aportando, en lugar del BPS, a la caja de profesionales, está salvada la caja”, apuntó. Esto requeriría, a su vez, reconocerle a estos trabajadores la antigüedad en el otro sistema.

Dentro de los colectivos de profesionales, los reclamos son variados. Uno de los directores de la caja, Fernando Rodríguez, dijo a Subrayado (Canal 10) que se debe impulsar una ley alternativa, que justamente incorpore a los profesionales dependientes que en la actualidad aportan al BPS. Este director apuntó al Estado como “el gran responsable de esta crisis”, y que, a su vez, es “el que pone menos” para una eventual salida. “El Estado está metido en el directorio, tiene dos directores, y la información de la situación de la Caja la tiene desde siempre”, dijo.

En diálogo con el mismo medio, el abogado Óscar López Goldaracena, exsenador frenteamplista, señaló que la iniciativa del gobierno es “inconstitucional” porque “propone un impuesto a las pasividades”.

“Cualquier tributo a las pasividades violenta el artículo de la Constitución que dispone que existe un mínimo de jubilación que no puede ser alterado. El artículo 67 de la Constitución establece que anualmente las pasividades se reajustan por Índice Medio de Salarios, o sea, el Estado garantiza un determinado monto de aumento a las jubilaciones. Pero ocurre que para pagar la misma jubilación que el Estado tiene que garantizar, pone un impuesto a la pasividad. O sea que, de la misma pasividad, te saco un porcentaje para poder pagarte la pasividad”, explicó a Canal 10.