Gobierno derogó decreto de Lacalle Pou sobre autorizaciones a universidades privadas

El gobierno de Yamandú Orsi derogó un decreto de la istración de Luis Lacalle Pou que regulaba la enseñanza terciaria privada y daba autorización definitiva a cuatro universidades y a la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

Esto vino a pedido del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, para dejar sin efecto lo dispuesto por el anterior jerarca, Pablo da Silveira, que data de fines de noviembre de 2024.

El decreto firmado por el gobierno anterior habilitaba, por ejemplo, que las universidades privadas puedan brindar carreras enteramente virtuales y que las instituciones extranjeras autorizadas tengan que cumplir con los mismos requisitos que las universidades privadas nacionales. Además de la ACJ, las instituciones privadas que recibieron la autorización definitiva por el decreto vigente fueron la Universidad Católica del Uruguay, la ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa y la Universidad Claeh.

De esta manera, quedaría vigente el Decreto 104/014, que fue impulsado en la presidencia de José Mujica, que a su vez regula otra norma de octubre de 1984.

El Decreto-ley N.° 15661, de 29 de octubre de 1984, señala que las instituciones que tengan autorización definitiva “podrán cambiar modalidades, modificar planes de estudio, cambiar la denominación del título final, crear nuevas orientaciones y titulaciones intermedias de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, así como abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, sin otro trámite que informar al MEC [Ministerio de Educación y Cultura] a los efectos del reconocimiento y registro de los títulos”.

No obstante, se encomienda al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (CCETP), en conjunto con el Área de Educación Superior, perteneciente a la Dirección Nacional de Educación del MEC, a que elabore “una propuesta de actualización de la normativa que regule el sistema de enseñanza terciaria privada”.

Entre las razones que expone el gobierno de Orsi para derogar lo dispuesto por Lacalle Pou, se sostiene que el decreto “fue elaborado sin el asesoramiento de la Comisión Coordinadora de la Educación previsto en el artículo 108 de la Ley N.° 18437 […] así como tampoco del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada”, ni del Área de Educación Superior.

También se argumenta que los consejeros del Ccetp “que fueron propuestos por las instituciones privadas señalaron, en acuerdo con otros propuestos por la Universidad de la República [Udelar], que les ‘hubiera gustado realizar aportes al nuevo decreto en forma previa a su dictado’”.

Además, menciona que “el recurso de revocación interpuesto por la Udelar contra el decreto, por afectarle derechos e intereses legítimos, da cuenta de la falta de acuerdo con la forma de elaboración y su contenido”.

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