Instituto de Colonización: ¿quiénes son colonos? y ¿por qué su debate es ideológico?

“La siembra del viejo ahora se transformó en miles”, dijo el secretario de presidencia Alejandro Pacha Sánchez con notoria emoción el pasado miércoles 14 de mayo en el marco de las honras fúnebres al expresidente José Mujica, que había fallecido el día anterior a sus 89 años.

En ese discurso, anunció que “parte de la siembra” de Mujica fue la concreción de la compra ese mismo día de más de 4.404 hectáreas en la estancia María Dolores, ubicada en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC), por un costo de unos US$ 32,5 millones. Estas tierras, según Sánchez, serán destinadas a “los trabajadores rurales, los productores”. Más tarde se anunció que allí se instalarán 16 familias de productores lecheros.

Ese acto despertó una ola de críticas y cuestionamientos desde la oposición que derivaron incluso en el llamado a comparecer al Parlamento al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, y al presidente del INC Eduardo Viera.

Viera, a su vez, es cuestionado por su condición de colono del INC: el hombre tiene desde 2013 un contrato de arrendamiento de unas 80 hectáreas en la Colonia Mc Meekan de la regional San José; una unidad de producción familiar (UPF) destinada a la lechería en la que, además, vive.

Las derivas del caso puntual pueden ser muchas. Por un lado, la aprobación de la compra del predio todavía está en manos del Tribunal de Cuentas, que esperaba recibir el expediente para su análisis en los próximos días.

Además, el presidente de la República, Yamandú Orsi, adelantó que Viera debe “dejar de usufructuar los beneficios de ser colono” si pretende seguir al frente de Colonización, aunque no dijo de qué manera. Y Sánchez especificó que, a su entender, Viera no debe “dejar de ser colono”, sino “no explotar” su tambo por este período.

Pero en el medio del debate puntual reapareció el cuestionamiento incluso de la propia existencia de Colonización y de la ideología detrás de la gestión del INC por parte del gobierno actual.

El senador colorado Pedro Bordaberry opinó, entrevistado en Radio Carve, que el FA tiene una visión de “desarrollismo mágico” con respecto a las propuestas productivas y aludió a que se tiene más “voluntarismo” que “conocimiento técnico” en la materia.

“Creo que hoy es anacrónico [el hecho de que exista un Instituto de Colonización]. Hoy la forma más ineficiente de dar a la tierra es comprando campo y vendiéndolo”, planteó, por su parte, el senador Sebastián Da Silva en entrevista con Desayunos informales (Canal 12) días atrás.

Fiel a su tono, en otra entrevista, esta vez con En perspectiva, Da Silva expresó que desde el Ejecutivo se plantea una “absurda dicotomía tupamarista”: “Por un lado, está papá Estado distribuyendo tierras para que se desarrollen los trabajadores rurales y, a través de ese desarrollo, construyan la pública felicidad, y, por el otro lado, está la oligarquía de terratenientes egoístas que no quieren la sovietización de la campaña uruguaya”. “Una verdadera estupidez”, sentenció.

Aunque sin los adjetivos calificativos y el planteado maniqueísmo, el subsecretario del MGAP Matías Carámbula no renegó de esta perspectiva ideológica frente al INC.

De hecho, en conferencia de prensa el pasado martes 20 de mayo, Carámbula expresó: “Desde la construcción de nuestra perspectiva política-ideológica basada en los principios artiguistas, recogiendo también los aportes del batllismo y del nacionalismo, es que confluyen, en este caso concreto, la compra de un inmueble. Pero indudablemente es importante que el debate político y el debate con las organizaciones sea, primero, desde la discusión central sobre el lugar de la tierra en este país, basado en cuatro pilares: la soberanía territorial, la soberanía alimentaria, la justicia social y distribución de la renta y el patrimonio”.

En esta línea, un día después, el propio Orsi sostuvo que el diferendo con la oposición es “ideológico”: “No hay nada que hablar, esta discusión tiene 75 años. Hay que revisar las actas de lo que fue la creación del Instituto de Colonización. La oposición va a buscarle la vuelta para que esto caiga”.

Más allá de la discusión técnica —que igualmente también se ha llevado a lo político— con respecto a la eficiencia y pertinencia del gasto millonario que realizaría el INC, en el fondo, ¿qué es el Instituto Nacional de Colonización?, ¿quiénes son los manidos colonos? y ¿por qué en este debate se ve un contraste ideológico entre el oficialismo y la oposición representada en la coalición republicana?

Berretismo

El INC es un ente público autónomo creado por la ley 11.029, impulsada por el presidente colorado Tomás Berreta —quien murió en agosto de 1947, meses antes de su promulgación— en enero de 1948, a partir de la sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay, cuyo patrimonio se transfirió al INC.

La ley define la colonización como “el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”.

Para ello, el INC tiene la facultad de “adquirir tierras mediante compra, expropiación, arrendamiento o istración”, con el fin de destinarlas a colonias agrícolas.

En una carta remitida a la Asamblea General, fechada del 15 de abril de 1947, Berreta aludía a la “impostergable necesidad de la inmediata sanción legal de un ordenamiento adecuado, que oriente y dé vigoroso impulso a la acción colonizadora del Estado”.

Hoy Colonización cuenta con un activo de unos US$ 2.000 millones, que representa alrededor del 3% del total de la superficie agropecuaria del Uruguay.

Hay 3.500 unidades de producción y más de 5.700 familias vinculadas con la política de tierra del Estado. Además, estos representan el 20% de las unidades de la producción familiar.

Según detalló Carámbula en la conferencia de prensa antes citada, hay unas 1.700 familias “que se postulan como aspirantes a colonos” hoy.

Los nombres y predios que usufructúan los colonos figuran en un listado publicado en la página web del INC, aunque este no se actualiza desde el 2020, antes de la asunción del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Allí, por ejemplo, figura el nombre de Viera y también el del coronel retirado Roque Moreira, padre de la exministra de Vivienda cabildante, Irene Moreira, y cuñado del exsenador del mismo partido, Guido Manini Ríos. Moreira aparece como colono propietario de 1.300 hectáreas en Artigas.

Sin embargo, en diciembre de 2022, luego de idas y vueltas en su postura y con el voto contrario del representante del FA Andrés Berterreche, el entonces directorio del INC emitió un fallo en el que afirmó que ni Moreira padre, ni Moreira hija, ni Manini Ríos eran colonos.

Todo esto después de que a comienzos de ese año el semanario Búsqueda publicara que la pareja Manini-Moreira podía ser beneficiada por el artículo 358 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), promulgado en julio de 2020 por el Ejecutivo, entonces integrado por Moreira, votado por Manini Ríos en el Parlamento.

Dicho artículo flexibiliza la obligación de los colonos de habitar y trabajar directamente el predio adjudicado.

Justamente, la sanción de ese artículo de la LUC en el gobierno de Lacalle Pou fue blanco de críticas y de una movilización por parte del Frente Amplio en 2021. La fuerza política, que entonces era oposición, entendía que esta modificación eliminaba la esencia conceptual de la colonización de tierras y favorecía el latifundismo. Además, el FA denunciaba la desafectación de 50.000 hectáreas del régimen de colonización, lo que facilitó su ingreso al mercado privado.

Por esos tiempos, Sánchez, entonces senador, sostuvo en diálogo con La Diaria que esto rompía con la idea de que el INC fuera una “herramienta para que los sectores más pobres del medio rural accedan a la tierra”.

La visión del oficialismo coalicionista era distinta. El entonces mandatario Lacalle Pou dijo en rueda de prensa a mediados de julio de 2021 que el de Colonización “es un instituto bien importante” y planteó que, en la Rendición de Cuentas de ese año, el Ejecutivo destinó US$ 30 millones de impuestos del INC a la relocalización de asentamientos, es decir, para “los que menos tienen”.

Pero el FA insistió con que esta nueva acción de gobierno —que en este caso fue rechazada por el propio Manini Ríos— tendía al desfinanciamiento del INC.

De hecho, el actual programa de gobierno de Orsi habla de revertir “el desmantelamiento del Instituto Nacional de Colonización” y de potenciar “sus funciones a efectos de fortalecer las políticas de adquisición de tierras para facilitar el a la producción familiar con énfasis en mujeres y jóvenes”.

Por lo que, al menos en la superficie, esta nueva compra va en línea con las bases programáticas frenteamplistas.