Justicia cierra subsuelo del puerto de Montevideo en búsqueda de “personas desaparecidas”

La Justicia dispuso una medida cautelar en el comando general de la Armada, ubicado en el subsuelo del puerto de Montevideo, donde “podrían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionadas con el pasado reciente”, informó el prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, en conferencia de prensa.

Según el exfiscal de Corte, las autoridades encargadas de analizar la información entendieron que “tenía rasgos de verosimilitud”, por lo que se “disparó todo el procedimiento con la intervención de la Justicia a los efectos de cautelar ese predio”.

Díaz explicó que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el subsecretario de la cartera, Marcelo Montaner, no participaron del segundo Consejo de Ministros del gobierno de Yamandú Orsi para estar presentes en el momento en el que la Justicia ejecutara la medida cautelar, que fue llevada adelante por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Díaz destacó la “importancia que tiene este tema en sí mismo”, así como también para “este gobierno”. De todos modos, el prosecretario de Presidencia sostuvo que el Poder Ejecutivo no “está en condiciones de compartir más información”, ya que se trata de un “trámite judicial” y debe “mantener las reservas del caso”.

El exfiscal de Corte destacó que si bien se recibe “muchas veces” información de esta índole, en algunos casos de trata de “cáscaras de bananas o información que no tiene ningún grado de verosimilitud” o de personas “que buscan desviar la atención sobre el foco principal que tiene el Estado, que es, en definitiva, ubicar los restos de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura militar”.

En esa línea, Díaz destacó la “verosimilitud” de los datos recibidos por parte del gobierno y la Justicia sobre este tema, que describió como “una obligación del Estado”. “Este gobierno está dispuesto a cumplir hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

El anuncio del gobierno se dio un día después de que el presidente Yamandú Orsi recibiera a representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, en una reunión que los integrantes del colectivo calificaron como “constructiva”. Según explicó uno de los líderes de la organización, Ignacio Errandonea, tras el encuentro, hubo un intercambio amplio con el mandatario y con la Secretaría de Derechos Humanos, en el que se compartieron propuestas, diagnósticos y dificultades acumuladas en los últimos años.

“Le pudimos plantear nuestras preocupaciones, nuestra forma de ver algunas cosas que entendemos importantes para la búsqueda”, dijo Errandonea. Señaló que, aunque no se discutieron planes ni estrategias concretas, el objetivo era transmitir la experiencia del colectivo y remarcar los aspectos que han funcionado y los que no.

Uno de los principales reclamos fue la necesidad de que desde Presidencia se emitan órdenes formales a las Fuerzas Armadas para acceder a información vinculada al paradero de desaparecidos. “La orden de Tabaré Vázquez fue efectiva. Cuando solicitó información, se obtuvo algo. Entonces, entendemos que si no se solicita, sino que se ordena, los mandos militares tienen que acatar”, apuntó Errandonea.

Consultado sobre la reacción del gobierno ante esa propuesta, dijo que “tomaron nota”, pero que el colectivo no fue a pedir compromisos, sino a plantear inquietudes. “No vinimos a discutir qué va a hacer el gobierno. Trasladamos problemas concretos, como cuando hubo que mover un cable de UTE y se tardó dos años por trámites, cuando después se resolvió en un mes”, graficó.

En la reunión también se subrayó que la búsqueda no debe recaer únicamente sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos, sino que debe contar con el apoyo de todos los organismos del Estado. “El compromiso es del Estado, no de una sola institución”, señaló Errandonea, y aseguró que ese planteo fue bien recibido por el presidente.

Sobre las expectativas respecto al nuevo gobierno, el vocero de Familiares fue cauto, pero optimista. “En la medida que hay compromiso, entendemos que van a cumplir. Esperamos que se pueda avanzar”, indicó.

Errandonea también fue claro sobre los caminos que no funcionaron. “Esperar que por buena voluntad se brinde información ya vimos que no sirve. Hay un pacto de silencio dentro de la estructura militar. Por lo tanto, tiene que haber autoridad. No vimos nunca a un general pedir por favor que se barra el piso. Da la orden”.

En cuanto al rol de la Secretaría de Derechos Humanos, explicó que no se presentó un plan formal, pero sí hubo una señal positiva. “Nos dijeron que están trabajando en los ejes que ya habíamos planteado: el a archivos, los convenios interinstitucionales y el apoyo al equipo de búsqueda de la INDDHH”.