La Justicia federal de Estados Unidos ordenó congelar 280 millones de dólares provenientes de la venta de la criptomoneda $Libra, en una causa por presunta estafa financiera que salpica al presidente argentino Javier Milei, aunque por ahora fue excluido formalmente de la acusación. La medida fue dictada por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y representa una de las mayores acciones judiciales contra un esquema cripto respaldado por un jefe de Estado en funciones.
Según la demanda, el empresario estadounidense Hyden Mark Davis, junto con familiares y otros socios, lideró la operación que capitalizó la promoción directa del mandatario argentino para inflar artificialmente el valor de la criptomoneda. El 14 de febrero, tras un posteo de Milei en redes sociales —que incluyó un enlace exclusivo al token—, la moneda virtual se disparó brevemente y colapsó, dejando a unos 75.000 pequeños inversores con pérdidas totales.
Milei, fuera de la demanda pero bajo sospecha
Pese a que su participación fue clave para validar el proyecto ante el público, Milei no fue incluido como acusado, una decisión que según los abogados responde a la intención de evitar conflictos diplomáticos o demoras por cuestiones de inmunidad. En paralelo, la justicia argentina también abrió una investigación que alcanza a su hermana Karina Milei, secretaria general de la presidencia, y a varios responsables locales del lanzamiento de $Libra.
La jueza María Servini solicitó información financiera a bancos, compañías telefónicas y operadores cripto, mientras el Ministerio Público investiga la evolución patrimonial de los involucrados desde 2023.
La respuesta oficial y el impacto político
Tras la caída del valor de $Libra, Milei intentó minimizar el escándalo con frases provocadoras: “Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?”, dijo. No obstante, no explicó su reunión con los impulsores del token en Olivos ni la razón por la cual su posteo difundió un enlace que no era público hasta entonces.
El Gobierno creó en su momento una comisión investigadora interna que fue cerrada sin presentar informes, lo que avivó el reclamo opositor para impulsar una comisión parlamentaria, que permanece bloqueada. Entre tanto, el caso se convirtió en la primera gran crisis de credibilidad para Milei, afectando no solo su narrativa antisistema, sino también su entorno más cercano.
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