La Asociación de Vapeadores del Uruguay (ASOVAPE) expresó su apoyo al compromiso del gobierno del presidente Yamandú Orsi en la lucha contra el tabaquismo, pero alertó sobre lo que consideran una equivocación técnica y conceptual: equiparar en la regulación al vapeo con los productos de tabaco calentado.
En un comunicado oficial, ASOVAPE celebró la reciente derogación de los decretos 87/021 y 282/022, en línea con políticas sanitarias que han posicionado a Uruguay como referente internacional en control del tabaco. Sin embargo, cuestionó que la normativa vigente no distinga entre vapear y fumar, ignorando diferencias esenciales de composición, riesgo y función.
“El vapeo no utiliza tabaco ni papel, no produce combustión ni humo y reduce hasta un 95?% los daños vinculados a enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer”, afirma el texto.
Llamado a una regulación basada en evidencia z5g21
La asociación subraya que el vapeo ha sido la vía elegida por miles de uruguayos para dejar de fumar, en línea con políticas de reducción de daños aplicadas en países como Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá. En ese marco, insta al gobierno a regular, no prohibir, mediante un marco normativo que contemple:
- Prohibición estricta de venta a menores
- Controles sobre sabores, diseños y publicidad que apunten a adolescentes
- Estándares de calidad e impuestos específicos
- Diferenciación categórica del cigarrillo y tabaco calentado
“¿Por qué Uruguay permite la venta controlada de cigarrillos, alcohol o marihuana, pero prohíbe la regulación de una herramienta que salva vidas?”, plantea la organización.
Riesgos reales, pero abordables 302p1k
ASOVAPE ite el riesgo que representan los vapeadores desechables con sabores llamativos y empaques coloridos, especialmente en menores, y propone un control estricto sobre estos productos, en vez de una política de prohibición generalizada que, a su juicio, desincentiva a fumadores adultos a abandonar el tabaco tradicional.
Hacia una política de reducción de daños 35w2v
Desde la asociación sostienen que Uruguay puede liderar una política pública innovadora, que reconozca el vapeo como una categoría distinta del tabaco, y se base en criterios científicos y sanitarios, en lugar de replicar modelos punitivos.